Pongámonos de acuerdo por Venezuela

Por Luis Fuenmayor Toro / La unidad electoral de la oposición tiene años discutiéndose. Es lógico que, ante un gobierno fuerte como el actual, aferrado con desespero al poder y capaz de actuar sin muchos miramientos para conservarlo, se invoque a la necesidad de la unidad de todas las fuerzas opositoras para poder derrotarlo. La unidad puede transformarse entonces casi en un fin en sí mismo, pues sin ella pareciera imposible derrotar al contrario. Muchos han señalado, sin embargo, que la unidad total, ni siquiera en los momentos políticos más serios, es posible, pues se requiere que todos los actores involucrados sean susceptibles de ser unidos. Es decir, tengan plena conciencia de esa necesidad y la pongan por encima de los intereses particulares de cada grupo y personales de sus dirigentes.

Esto último puede ser imposible de lograr en Venezuela, pues la continuidad en la política de muchos partidos y dirigentes, es decir su existencia misma, depende de la permanencia del régimen actual en el poder. Y esto es válido para el extremismo opositor y para algunos desligados de éste. El gobierno los necesita para perpetuarse y los otros para subsistir. De ahí que, a pesar del discurso violento y supuestamente enfrentado del gobierno y el extremismo opositor, los actores nunca hayan dejado de conversar, ni de tener acuerdos; nunca hayan desplazado al contrario del escenario político y ambos, en distintas formas y por diferentes rutas, pero en contubernio tácito claro, hayan mantenido neutralizados y marginados, a quienes pudieran convertirse en la alternativa de un cambio verdadero de la situación y no en una simple sustitución de verdugos y vividores de la nación venezolana.

Es claro, que la atención del gobierno hacia la oposición democrática ha sido siempre menor que la dada al sector extremista opositor antinacional. Es claro también, que este último desprecia a quienes en un momento fueron sus compañeros de luchas y algunos incluso de aventuras de distinto tipo. Las elecciones de gobernadores fueron una demostración palpable de lo que se señala. Esa oposición ultra sectaria prefirió, que candidatos victoriosos incluso provenientes de su seno fueran derrotados, antes que reconocer a la otra oposición, la cual es descalificada con los peores epítetos. Incluso hoy, presentan unas normas para unas elecciones primarias, sin consultarlas fuera de su seno, imponiéndoselas a muchos de sus aliados y claramente excluyente de otros partidos y candidatos opositores por considerarlos apéndices del gobierno, cuando ellos son quienes más han contribuido a atornillar a Maduro.

Las normas, además, incluyen acciones contrarias a la lógica política electoral, pues abren desde ya la posibilidad cierta de abandonar la vía electoral una vez más. Se permite la inclusión de candidatos inhabilitados, incluso de aquellos con sentencia judicial firme, lo que llevará a una confrontación con el gobierno si uno de esos candidatos gana. Se celebra que eso contribuiría a movilizar las calles y caldear el ambiente, confesión que demuestra que la idea del enfrentamiento antagónico no sólo sigue presente, sino que es vista como fundamental por esa dirigencia, una irresponsabilidad de nuevo de la misma, sin importar el discurso que pronuncien. Se alucina con la posibilidad de voto de todos los venezolanos emigrados del país, la cual, una simple operación aritmética demuestra que es materialmente imposible de realizar. Aquí hay otro elemento de confrontación que obscurece el panorama electoral y refuerza la desesperanza y la abstención.

Desde ya se puede decir, que los grupos opositores enfrentados al extremismo violento no apoyarán un candidato, producto de unas primarias en las cuales no pudieron participar. Eso lleva necesariamente a por lo menos dos candidatos opositores importantes, sin contar a todos los espontáneos ya en el ruedo. O aparece un candidato que sea visto por los votantes como persona seria no involucrada en las componendas y negocios recientes, que no sea sentido por el chavecismo gobernante como un justiciero perseguidor, ni peligroso para su desempeño político futuro; con capacidad y posibilidad de recorrer el país, lograr consensos y apoyos, desechando el sectarismo que nos abruma y con un programa básico realizable, o tendremos de nuevo a Maduro, está vez hasta 2030, con una Asamblea Nacional mayoritariamente a su favor electa en 2025.