VENEZUELA / El abogado defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, aseguró que el informe sobre la situación de los derechos en Venezuela, presentado por la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tiene poca contundencia, es flojo y ambiguo.

Narváez indicó que Bachelet pasó por alto las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del estado, la persecución a los medios de comunicación social y a periodistas y la crisis sanitaria.

El documento no precisa en nada el incumplimiento de las primeras 23 recomendaciones que hizo al Estado venezolano en su primera visita al país en 2019, cuando abogó por la liberación de los presos políticos, cuestionó y exigió realizar una investigación a los responsables de las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada de personas, torturas y tratos crueles y degradantes ejecutadas en centros de reclusión, comentó.

El exparlamentario también aseveró que en el informe no se mencionó la violación del debido proceso establecido en el Articulo 49 de la Constitución, ni la persecución y represión de las víctimas de violaciones de sus derechos humanos que ocurren por razones políticas por parte del Estado.

Cuando leo y analizo el informe en detalle, encuentro que la Alta Comisionada, a mi manera de ver y con mi experiencia de más de 30 años como activista por los derechos humanos en Venezuela, que ella y su oficina recién creada en este país se apartan de las víctimas y se convierten en colaboradores del Estado venezolano y me pregunto ¿es que la función y misión del Consejo General para los DDHH de la ONU es cooperar con los estados o con las víctimas?, expresó.

Rechazo a la criminalización

Narváez indicó que los señalamientos hechos por parte del jefe del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, en los que etiquetó como “armas biológicas” a quienes se regresan al país debido al COVID-19, representan una violación de los derechos humanos y de as garantías internacionales establecidas en la Constitución.

Además señaló la violación de la Ley contra el odio, la tolerancia y la convivencia por parte del jefe del Coefanb, pues en su artículo 20 establece sentencias de hasta 20 años de cárcel para quienes inciten al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas mediante cualquier medio.

Si la ley existe y se respeta, el jefe del Ceofanb debe resultar investigado y procesado penalmente sin privilegios, dijo Narváez.

Para finalizar, destacó la importancia de que cese la discriminación de personas infectadas por el virus y de recordar que como venezolanos tienen derecho de transitar por el país, a la vez que rechazó los señalamientos de Nicolás Maduro al tildar de irresponsables a los venezolanos que regresan a su país.