VENEZUELA/ La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) presentó un balance de la situación general de los derechos humanos en el Zulia, en el que reiteró que las poblaciones indígenas del estado continúan enfrentándose a pobreza y necesidades agudas en su día a día sin atención prioritaria de los organismos competentes.

Los pueblos indígenas Wayuu y Añú, habitantes de la Guajira al norte de Zulia, y Barí, Japreria y Yukpa, habitantes de la Sierra de Perijá hacia el occidente de Zulia, enfrentan constantes restricciones a los servicios públicos más elementales: agua potable y electricidad.

Además, los habitantes de estos pueblos indígenas no cuentan con una alimentación suficiente, lo que ocasiona un aumento en la tasa de desnutrición.

De acuerdo con el boletín, el 80% de los habitantes del municipio Guajira no tiene trabajo, lo que dificulta el acceso a alimentos nutritivos y suficientes.

La organizacióninformó que los niños que viven en Añú se enferman constantemente de diarrea, asma, fiebre y gripe. «Buena parte de estos niños presenta cuadros de desnutrición», aseguró el informe.

«En la comunidad El Barro, ubicada en la Guajira, 83% de las familias solo comen una vez al día, con limitadas raciones de alimentos, y su principal fuente de proteína de origen animal es pescado (93%)», señaló el Comité de Derechos Humanos de la Guajira.

Adicionalmente, el informe afirmó que los pueblos indígenas son atropellados por parte de efectivos de seguridad del gobierno, civiles y militares.

«Las alcabalas de estos organismos son la forma más común para llevar a cabo estos atropellos. Los habitantes han denunciado extorsiones contra las comunidades o viajeros que se trasladan hacia o desde Colombia», indicó Codhez.

Ante ello, la organización exige al Estado venezolano el establecimiento de políticas que permitan visibilizar y solventar las «múltiples carencias padecidas por los pueblos y comunidades indígenas».

«Se debe otorgar atención prioritaria y privilegiada a las personas de estos pueblos que tradicionalmente son disminuidas en sus condiciones de vida», afirmó Codhez.

Presencia de grupos irregulares

Codhez denuncia que la demarcación de las tierras y hábitats indígenas persiste como una de las más grandes deudas estatales.

«Ello ha generado eventos de violencia por la lucha de sus espacios ancestrales, muchos ocupados hoy en día por fincas y productoras de ganadería; luchas que han generado muertes y desolación entre los indígenas yukpas», indican.

Sumado a esto, para mediados del año 2022, pobladores denunciaban la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que “penetra en las comunidades indígenas, instala campamentos, supervisa el contrabando de ganado y recluta jóvenes para sus columnas”.

Abunda la desnutrición y el paludismo, pero no las vacunas de COVID-19

Durante 2022, los pueblos indígenas de Zulia presentaron casos de desnutrición y paludismo.

90% de los niños pequeños de la población Añú se alimentan de leche materna o chicha de maíz. El informe indicó que parte de la población infantil tiene muy bajo peso en comparación con su talla.

En 2022, se reportó la muerte de cinco niños por vómito, diarreas y falta de transporte para acudir a un centro de salud.

En la población Añú solo opera un centro de salud, el Ambulatorio Rural Puerto Cuervito.

Según Codhez, el centro sanitario cuenta con un solo médico, por lo que la asistencia sanitaria es esporádica, no hay obreros, ni camareros, ni personal de enfermería. El ambulatorio tiene 90% de déficit de insumos médicos.

«Se Trata De Un Espacio De Salud Inhumano Que No Cuenta Con Las Condiciones Mínimas Para Atender A Personas Enfermas. La Otra Opción Que Se Presenta Es Llevar A La Persona Enferma Al Puerto (Previa Búsqueda De Un Transporte Para Ello), Luego, Caminar Casi Dos Horas Hasta El Ambulatorio Del Pueblo, Que Básicamente Se Encuentra En Similares Condiciones», Explicó La Organización.

Para inicios de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira alertó sobre casos de paludismo detectados en comunidades Wayuu asentadas en las riberas del río El Socuy, mientras que la organización Homo Et Natura reportaba 20 personas afectadas.

«Uno de los sectores más perjudicados ante esta falta de garantía del derecho a la salud son los adultos mayores que habitan este municipio indígena del estado Zulia», reiteró el informe.

Además de desnutrición y paludismo, las poblaciones indígenas de Zulia presentan casos de malaria, hepatitis, tuberculosis, leishmaniasis y constantes accidentes ofídicos.

También, se registraron casos de COVID-19, el primero fue en junio de 2020. Sin embargo, las primeras vacunas llegaron a estas comunidades en diciembre de 2021, unos 10 meses después de haberse iniciado las jornadas de vacunación en el resto del país.

En esa oportunidad, se disponía de vacunas para unas 2.000 familias de la cuenca Toromo (los yukpas se agrupan en cinco cuentas entre las montañas de la Sierra de Perijá: Tukuko, Apón, Yaza, Macoíta y Toromo).

Codhez denunció que no hay información oficial de esta jornada. Tres meses después, no se tenía más información sobre nuevas jornadas de vacunación.

«Buena parte del pueblo yukpa no había sido vacunado contra el COVID-19 para el mes de febrero de 2022, se estimaba que solo 10% de la población yukpa había sido vacunada», aseguró la organización.

Sin agua y sin luz

Uno de los principales problemas que enfrentan los residentes de Wayuu, Añú, Barí, Japreria y Yukpa es la carencia de servicios públicos.

Según Codhez, la Guajira es una de las zonas del estado Zulia con mayores problemas de acceso al servicio eléctrico. Las razones son diversas, entre ellas destacan:

  • La falta de generación eléctrica.
  • Fallas en la distribución por daño de guayas y equipos básicos.
  • Transformadores quemados.

Codhez señaló que en la población Añú, ubicada en las comunidades de la Laguna de Sinamaica, las fallas eléctricas ocurren a diario, con apagones constantes que pueden extenderse hasta por una semana.

En las poblaciones indígenas ubicadas en la Sierra de Perijá denuncian los daños intencionales causados a instalaciones eléctricas, específicamente en el sector Materita de la cuenca del río Yaza hasta la comunidad Kuse.

La carencia de agua potable y electricidad ha perjudicado la educación en la Guajira. Después del reinicio de las clases presenciales, el acceso al agua en las instituciones escolares ha sido crítico.

«Los docentes y representantes aplican estrategias o se autogestionan para abastecerse de agua limpia. Una forma de autogestión aplicada es que entre docentes y estudiantes aporten cada uno 100 pesos colombianos para comprar el agua, sobre todo para la cocina y el baño de las escuelas», indicó el informe.

Una comunidad inundada

Según Codhez, 2022 se caracterizó por las constantes y fuertes precipitaciones en Zulia. El municipio Guajira fue uno de los más afectados y sus habitantes experimentaron, nuevamente, la improvisación estatal para atender emergencias sanitarias que se derivan en este tipo de eventos.