La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, rechazó el miércoles 31 de julio el panfleto que circuló en la ciudad de Bucaramanga, (noroeste), donde un presunto bloque paramilitar disidente intimidó a los comerciantes y les exigió no contratar en sus negocios a ciudadanos venezolanos.
Queremos ser muy enfáticos: cualquier amenaza contra la vida de la población venezolana o colombo-venezolana, constituye un delito. Por tanto, los responsables de esos panfletos tendrán que afrontar consecuencias judiciales», expresó la funcionaria.
Ramírez pidió a los connacionales a respaldar y acompañar a los ciudadanos venezolanos que son residentes en esa ciudad.
Asimismo, pidió solidaridad con los extranjeros que tuvieron que dejar su país por diferentes motivos.
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«La delincuencia en Colombia es inaceptable, cualquiera sea la nacionalidad. No podemos permitir que se estigmatice a los venezolanos, pero tampoco que haya delincuentes que se amparen en nuestra generosidad, para llegar a delinquir. Aquí no hay espacio para el odio ni para la xenofobia», agregó.
Las amenazas las realizó un presunto grupo que se autodenomina Bloque Central Colombia.
«A los que tengan empleados venezolanos en sus negocios se les da un plazo de 48 horas para que los reemplacen. Dicha limpieza se hará por petición de la misma ciudadanía, llegó la hora de hacerle limpieza a toda Bucaramanga», se lee en los panfletos.
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Humberto Calderon Berti, del equipo de Juan Guaidó, titular de la AN venezolana, envió una carta a la Cancillería en la que alertó por la aparición de panfletos en los que amenazan a quienes empleen a ciudadanos venezolanos.
