VENEZUELA/ En la tarde del viernes 17 de marzo de 2023, se destapó oficialmente otro caso de corrupción que ha permeado en Petróleos de Venezuela S.A, conocida como Pdvsa, la empresa principal del país encargada de generar la mayoría de las divisas para el país.
En este día, salió a la luz la persecución contra un grupo de individuos que presuntamente permitieron la salida de buques cargados con millones de barriles de petróleo de las refinerías venezolanas sin que el pago por esos cargamentos ingresara a las arcas de la compañía estatal.
Los primeros informes provinieron de la Policía Nacional Contra la Corrupción, quienes emitieron un comunicado solicitando al Ministerio Público el enjuiciamiento de varios ciudadanos que ocupaban cargos en la industria petrolera nacional, así como personas relacionadas con el poder judicial y algunas alcaldías. Se sospecha que estos individuos podrían estar involucrados en graves actos de corrupción administrativa y malversación de fondos.
El fiscal general designado por Constituyente, Tarek William Saab, fue el encargado de dar a conocer parte del modus operandi en declaraciones a los medios de comunicación y en ruedas de prensa. Según la reconstrucción de los hechos presentada por el fiscal, se descubrió una red conformada por altos funcionarios de Pdvsa y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Sunacrip, quienes aprovecharon sus posiciones para llevar a cabo operaciones de compra-venta de petróleo de manera paralela a Pdvsa entre octubre y noviembre de 2022.
De acuerdo con la investigación, estas operaciones ilegales consistieron en asignar cargamentos de crudo a la Sunacrip y a particulares, infringiendo las normativas de contratación sin ningún tipo de control administrativo ni garantías. Una vez que se vendía el petróleo asignado ilegalmente, no se realizaban los pagos correspondientes a la empresa petrolera. Además, se utilizaban criptomonedas para lavar el dinero obtenido.
La red también empleó un conjunto de empresas comerciales para legitimar el capital obtenido de las ventas a través de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, así como inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario. Los delitos que se les imputan incluyen apropiación o desvío del patrimonio público, aprovechamiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales, asociación y traición a la patria.
Aunque desde el anuncio de las primeras detenciones persisten muchas dudas en la población venezolana, las autoridades públicas no han proporcionado información detallada sobre el mecanismo de corrupción utilizado ni han profundizado en el papel de cada uno de los detenidos, la cantidad de dinero público comprometido y su ubicación.
Sin embargo, organismos internacionales, medios de comunicación reconocidos y centros de estudio han estado alertando durante al menos cuatro años sobre las operaciones opacas y riesgosas que Pdvsa llevaba a cabo para vender su petróleo después de las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019. El seguimiento y análisis de los informes permiten reconstruir la nueva trama de malversación en la empresa estatal.
