Venezuela / El licenciado en Ciencias Fiscales, consultor y auditor financiero tributario independiente, Héctor Orochena, destacó que la posible aprobación de la Ley para pago de Impuestos a los Grandes Patrimonios por parte de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-, está basada en una “falsa premisa, un dogma según el cual solo los ricos deben pagar impuestos y nuestra Constitución dice lo contrario, que todos debemos contribuir a las cargas públicas”.
Aclaró que la aplicación de este impuesto aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial y precisó que “los comentarios que hagamos se basan en el papel de trabajo aprobado en la ANC”.
Advirtió que el mayor problema de este tributo es que los contribuyentes calificados serán designados por la administración tributaria. “El acto mediante el cual se califica a un contribuyente especial podemos definirlo como un acto administrativo como de cuarto o quinto nivel, de tal forma que es potestad de un funcionario de esos niveles decir cuándo un contribuyente puede ser especial o no”.
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“Es cierto que hay una providencia administrativa que establece ciertos parámetros pero el solo hecho que esta calificación sea efectuada por un funcionario desvirtúa la naturaleza propia del impuesto”, precisó.
Explicó que cómo ese nuevo tributo es solo aplicable a contribuyentes especiales los coloca “en una situación de absoluto desequilibrio”, porque no todos los calificables serían especiales o por el contrario algunos si calificados quedarían exentos de pagar el impuesto.
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En su opinión, la decisión de definir quién paga o no ese impuesto hecha por un funcionario de la administración tributaria es “extremadamente subjetiva” y recordó un precedente suscitado con el impuesto a las grandes transacciones financieras.
“Es un impuesto diseñado con absoluto desequilibrio porque no establece en forma general la calificación del contribuyente como tal”, aclaró.
Para concluir, advirtió que la Ley para pago de Impuestos a los Grandes Patrimonios, no debería entrar en vigencia, con la publicación en Gaceta Oficial, si las bases fundamentales tributarias no están claramente definidas.
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