VENEZUELA / El abogado penalista, defensor DDHH y coordinador de la defensa por los derechos civiles Rafael Narváez fustigó la oferta engañosa que actualmente presenta el Estado violador de los derechos humanos al sistema jurídico venezolano con reformas a códigos y leyes sin tomar en cuenta a los mejores juristas y facultades de derecho de nuestras universidades.

Esta iniciativa lo único que persigue es intentar retardar la firma del informe preliminar en la CPI que permitirá se inicie la investigación contra los responsables de estos horrendos crímenes que siguen conmocionado al mundo en materia de torturas aplicadas por el DGCIM que lo siguen comparando con el estilo nazi, aseguró

El abogado penalista expresó que al Estado nunca le ha importado códigos ,leyes y menos nuestra Constitución que es máxima norma jurídica donde están contemplados todos los derechos civiles y políticos, debido proceso, derechos humanos, garantías constitucionales y pactos internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela.

“La prueba más evidente está en todos los informes actualizados de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, de la misión independiente de determinación de los hechos, informe de gestión de la ex fiscal Fatou Bensounda y la declaración de hace días por la Unión Europea donde insta a las autoridades venezolanas cooperen con todos los mecanismos de rendición de cuentas y DDHH como la misión de la ONU y la CPI”

El coordinador por los derechos civiles manifestó que la verdadera reforma del sistema de justicia en Venezuela es la liberación de disciplina partidista de todos los poderes públicos y así recuperar su autonomía e independencia que ha sido despojada por el gobierno vulnerando nuestra CRBV..

Para finalizar el abogado penalista le recordó al Estado que el sistema universal DDHH y la CPI no establecen privilegios para los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, reformas a códigos y leyes no borrarán nunca las detenciones arbitrarias, desaparición forzadas de personas, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, y asesinatos cometidos por el letal Plan Zamora creado en 2017.