VENEZUELA / El exparlamentario abog defensor DDHH y coordinador de la defensa por los derechos civiles Rafael Narvaez, se pronunció sobre la designación por parte del Jefe del Estado de una comisión para reformar al poder judicial Venezolano.
En tal sentido, Narvaez señaló que mientras los países de América Latina trabajan hacia políticas de gobierno abierto y lucha anticorrupción, en Venezuela la corrupción está institucionalizada, el gobierno domina la estructura del sistema de justicia y anula todo tipo de fiscalización y sanción, por lo que han detectado corrupción y la verdadera reforma del poder judicial que está conformado en un 70 % de jueces provisorios que ingresaron por decisión partidista y no por concursos de oposición con un perfil académico que crea muchas dudas en su preparación para administrar justicia.
Señala además el coordinador de la defensa por los derechos civiles que es urgente pensar en un órgano antiimpunidad y anticorrupción en Venezuela e insiste en que debe existir una relación estrecha con las instituciones internacionales, que fiscalizan los espacios donde se imparte la ley en la justicia venezolana porque, a nuestro juicio se requiere una reingeniería gigantesca que no siga permitiendo la violación del debido proceso como el derecho a la defensa, presunción de inocencia. El Juez Natural establecido en el Art 49 CRBV ha vulnerando el acceso a la justicia y estamos convencidos que deben ser sustituidos de inmediato para darle paso a la academia jurídica .
El coordinador por los derechos civiles Narvaez continuó expresando, que el sistema de justicia en Venezuela está impregnado de la política partidista y que su autonomía e independencia desaparició para asumir la persecución política a periodistas, medios de comunicación social, diputados, dirigentes políticos, partidos políticos invadiendo sus procesos internos y despojando a directivas y tarjetas, encarcelamiento a todo aquel que reclame sus justos derechos, permitiendo los tratos crueles e inhumanos y degradantes y torturas ejecutadas por cuerpos de seguridad del estado contra presos políticos recluidos en el Sebin, Dgcim y Ramo Verde que ahora son traslados a cárceles comunes denominada Pailas del Infierno.
Cuando el sistema de justicia se subordina a un solo poder y le da la espalda a los derechos humanos y las garantías constitucionales del ciudadano que establece nuestra máxima norma jurídica, el estado de derecho y la separación de poderes colocan en terapia intensiva al sistema democrático ya que quienes se instalan en la Impunidad que es el lado oscuro de la justicia por supuesto, que estas irregularidades impactan al más alto nivel la cotidianeidad de los venezolanos deteriorando cada vez más su calidad de vida.
El abogado penalista y defensor DDHH manifestó sobre los poderes públicos que constitucionalmente deben ser autónomos e independientes, vemos hoy que estamos en presencia de un sistema de justicia politizada que coloca en un nivel muy alto de indefensión al ciudadano y prueba de ello, es el expediente que cursa en Face 3 en la CPI contra El Estado por Crímenes de Lesa Humanidad porque el sistema de justicia nunca apareció para investigar y procesar penalmente los responsables se estos hechos, la reforma debe efectuarse espiritual y material por el bien de la sociedad.
