VENEZUELA / El abogado defensor de los DDHH, Rafael Narváez, se pronunció en contra de la realización de las elecciones parlamentarias, previstas para el próximo 06 de diciembre en medio de la pandemia provocada por el COVID-19.

En su opinión, realizar un proceso comicial en el marco de un crecimiento exponencial en los casos de Coronavirus como se registra actualmente en Venezuela, es un acto criminal.“Estamos en una situación donde la población teme por su vida; trata de cumplir la cuarentena, pero debe salir a procurarse su sustento.

La actividad económica ha experimentado una caída de grandes proporciones y las personas encuentran cada vez más difícil obtener los recursos para sobrevivir. No es el momento para una fiesta electoral como pretende el CNE”, explicó el ex parlamentario.

Narváez destacó que el coronavirus ha afectado incluso a las altas esferas del Estado venezolano, ya que mandatarios regionales como los gobernadores de los estados Miranda y Yaracuy, así como el Jefe de Gobierno del Distrito Capital y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, se han contagiado.

“Los caprichos políticos del Estado no pueden estar por encima del derecho a la salud y la vida en Venezuela, el cual está consagrado en el artículo 19 de la Constitución, que obliga al estado a garantizar y hacer respetar los Derechos Humanos.

El mundo en estos momentos es víctima de una Pandemia, y en nuestro país el virus sigue creciendo de forma exponencial”, declaró el director de la ONG Derechos Civiles.Del mismo modo, indicó que es una locura hacer una campaña electoral y movilizar a la gente a votar, cuando la prioridad de los ciudadanos es combatir el hambre y a la vez evitar contagiarse del mortal virus.

“Yo responsabilizo al CNE de la salud y la vida de los venezolanos por su empeño en realizar los comicios en medio de esta pandemia”, aseveró Narváez.

El profesional del derecho puntualizó en hacer hincapié en solo ejercer el derecho a elegir con un proceso transparente, sin partidos intervenidos ni dirigentes inhabilitados políticamente.