VENEZUELA/ El periodista especializado en el tema electoral Eugenio Martínez, también propuesto por Asosaber, afirma que las motivaciones para aceptar una postulación de la sociedad civil son grupales, puesto que la acción de presentar candidatos a rectores aspira a promover un proceso de negociación sobre garantías electorales.

 “Cualquiera de los postulados por el foro cívico puede ayudar a darle al CNE independencia y transparencia. Todos coincidimos en lo que se necesita devolver al sistema electoral, lo que tiene que ver con el Registro Electoral (RE), la garantía de inscripción de los venezolanos dentro y fuera para devolverle especialmente a estos últimos el derecho a la identidad, auditorías plenas al sistema automatizado que se usó el 6 de diciembre”, indica.

 Creer en la participación

 El ingeniero de sistemas y asesor electoral Roberto Picón, cuyo nombre fue propuesto ante el Comité de Postulaciones Electorales por la ONG Sinergia, también considera que entre los postulados hay gente con gran conocimiento que puede aportar mucho al rescate de la institucionalidad del CNE como primer paso, afirma, para lograr la reinstitucionalización del país.

En su caso, destaca ser conocedor del tema electoral desde 2005, especialmente en las áreas de conteo rápido, organización de redes ciudadanas y RE.

 “Uno tiene las capacidades y es el momento para poner todo al servicio de una causa más grande”, subraya.

 Carmen González, es una de las tres mujeres, del total de 15 nombres propuestos por la sociedad civil, en su caso específicamente por el Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Es abogada y jubilada del CNE, especialista en temas de género, directora de Asosaber.

 “Acepté la postulación de mi nombre, apostando al rescate de las instituciones y a la participación de la ciudadanía tanto a través del voto como de la toma de decisiones. La única forma es participar , alguien tiene que abrir la puerta del lado de adentro. Tenemos el conocimiento para trabajar en una institución tan compleja” afirma.

Revisar normativa

Para Mendoza, recuperar la confianza en el CNE y el sufragio como herramienta de resolución pacífica de conflictos pasa por revisar la normativa aprobada por el Poder Electoral ad hoc, designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para las parlamentarias 2020 y otros aspectos operativos.

 Menciona que elementos como prorrogar el acto de votación así no haya electores en cola, tal como ha ocurrido en los últimos procesos, no debe seguir sucediendo porque implica que el órgano superior le pasa por encima a una competencia exclusiva de los miembros de mesa.

Otro ejemplo de invasión de competencias, señala, es el hecho de que las juntas regionales no pueden ofrecer resultados de totalización de la votación hasta que no lo decida la junta nacional.

 “Por otro lado el CNE debe dar tiempo para que los candidatos de los distintos partidos sean electos por las bases. Si aspectos como esos no se corrigen de nada sirve designar a un nuevo CNE”, advierte.

Revertir inhabilitaciones

Martínez resalta además la necesidad de fomentar un espacio en el que se puedan revertir las inhabilitaciones políticas así como las intervenciones de los partidos políticos. Adicionalmente, contribuir a equilibrar la estructura del Poder Electoral que no son solo los cinco rectores principales y los tres suplentes incorporados, sino toda una estructura que va desde los coordinadores regionales hasta directores de línea.

 “En lo personal propongo retomar el sistema automatizado previo al 6 de diciembre. Tal vez una de las principales fortalezas que tenía el sistema electoral era el sistema automatizado de votación, que luego se convirtió en debilidad a partir del año 2018, habría que retomar lo que funcionaba bien”, apunta.

 Picón coincide también que los partidos políticos no están en manos de las autoridades originales y si bien no solo depende del CNE, cree que la Comisión de Participación Política y Financiamiento pudiera intervenir.

 En cuanto a la divulgación de resultados electorales y su transparencia, Martínez sostiene que el sistema hasta 2018 permite ver la transmisión y totalización de los resultados en tiempo real. Asegura que ya es tiempo de que los venezolanos puedan verlo, porque así ocurre en otros países, independientemente de que tengan sistemas automatizados o manuales.

 “Ese secretismo que hay con los resultados tiene que acabarse”, advierte.

 Otro secretismo que empaña la confianza, añade, es la manera como se toman las decisiones en los directorios del CNE, cuyas sesiones, propone, deben ser públicas, al menos las más importantes.

 Otro punto de honor para que el nuevo ente comicial goce de credibilidad, es la aprobación de un Estatuto Electoral especial que blinde al CNE de las intervenciones de los poderes públicos como el TSJ y que dé un mandato claro de lo que debe ser un cronograma electoral a corto, mediano y largo plazo.

 Enfatiza que las decisiones de los nuevos rectores no pueden ser limitadas o revertidas por otras instituciones con crisis del legitimidad, como lo fue también el caso de la Asamblea Nacional Constituyente que tomó varias decisiones en materia comicial, como por ejemplo convocatoria a elecciones, mientras estuvo en funciones.

 Cronograma

 Está previsto que para el mes de abril quede designado el nuevo CNE por parte de la AN del 6Dic. El tiempo apremia para la organización de las elecciones regionales, puesto que el Poder Electoral ya fue autorizado por el Parlamento para convocar a megaelecciones de gobernadores, alcaldes, Consejos Legislativos estadales y Concejos Municipales.

 González y Picón sostienen que el tiempo apremia y que una parte fundamental del proceso será la actualización del RE para incluir a los dos millones de jóvenes excluidos y restituir los derechos de los migrantes. También hablan de revertir los cambios inconsultos de centros de votación incluso hacia otros estados, que afecta la confianza de los votantes en el CNE.

 También señalan que la capacidad técnica del ente comicial debe ser revisada, puesto que la fuga de profesionales también es una realidad por los bajos sueldos, algo que afecta la operatividad del ente comicial.