VENEZUELA / Este martes la Asamblea Nacional en sesión ordinaria desconoció y declaró mediante la aprobación de un acuerdo como “inexistente e ineficaz” la Ley Antibloqueo; por violar los principios de organización del poder público; por lo que respaldan imputar por delitos de lesa patria a quienes la usen para hacer negocios.

Para el parlamento el polémico instrumento fue dictado de manera inconstitucional por la “fraudulenta ANC”; por lo que insta a investigar y establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas a los que estén involucrados en su ilegítima promulgación y aplicación.

El acuerdo señala que toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones al amparo del instrumento “paralegal y de aplicación fáctica; podría estar incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso; aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente”.

Los parlamentarios respaldaron el texto aprobado en la Comisión Permanente de Finanzas; y destacaron el numeral 4 el cual establece que cualquier negociación o contrato será ilegal y desconocida por la Asamblea Nacional; por lo que no tendrá ningún valor en Venezuela y en el exterior.

El “adefesio”

Para el diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo; el régimen pretende justificar este “adefesio” con la supuesta defensa de los derechos humanos; “irónicamente presentada por un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos” .

“Ese marco normativo autocrático le da mando a Maduro para desaplicar leyes, usurpando funciones del TSJ; facultades para desconocer normas constitucionales; firmar contratos con empresas extranjeras para la explotación y explotación de nuestro petróleo; y manejar las cuentas del Tesoro Nacional en los ingresos adicionales de manera discrecional y pretende liquidar la garantía constitucional prevista en el artículo 314”, declaró Marquina.

Los Artículos

De acuerdo al diputado Omar Barboza, presidente de la Comisión Ordinaria de Legislación de la AN; esa ley es inconstitucional porque no ha sido aprobada por la legítima Asamblea Nacional, tal como lo expresa el artículo 202 de la Constitución.

Señaló que el artículo 44 en sus 2 disposiciones transitorias, que contiene la ley antibloqueo, contravienen los principios de legalidad establecidos en la Constitución; específicamente en sus artículos 58,131, 150, 301, 302, 312, 314 y 334.

Para el legislador; la pretensión de otorgar apariencia legal a la ley tiene como objetivo que “la cúpula del régimen pueda disponer de los bienes de todos los venezolanos sin control y en secreto; para beneficiar a testaferros y no para servirle a los intereses del pueblo de Venezuela”.

La palabra antibloqueo

Por su parte, diputado Simón Calzadilla, indicó que, paradójicamente, ese texto no tiene la palabra “antibloqueo”, pues ese término es sustituido por la frase: medidas coercitivas, unilaterales y otros medidas restrictivas o punitivas; en referencia a las sanciones económicas individuales a la cúpula del régimen.

El parlamentario explicó que “los juristas que elaboraron este adefesio jurídico, por lo menos tuvieron el cuidado de no incluir la palabra antibloqueo, admitiendo que el régimen de Nicolás Maduro, sí está sancionado; sin embargo, Venezuela, no está bloqueada”.

Anula la Constitución

De acuerdo al parlamentario William Dávila; la segunda disposición transitoria de la ley deroga la Constitución Nacional del año 1999 y encamina a Venezuela a un totalitarismo de estado controlado por Nicolás Maduro; advirtiendo además que se elimina las comunas y los consejos comunales creados por el chavismo.

Alertó que la ley busca destruir cualquier sistema de propiedad y criticó que ese texto legal sea respaldado por “la mesita de diálogo; los alacranes y personeros de la cúpula madurista que por unos dólares están lavándole la cara a la dictadura”.

Proyecto del régimen

Según el diputado Carlos Bastardo, esta ley pretende “darle la estocada final” a las instituciones republicanas; con el objetivo “maquiavélico” de saquear las arcas de la nación para ponerlas a disposición de un nefasto “proyecto político” que afecta a los venezolanos

En el marco de la solicitud del R2P, dijo “es necesario activar al personal diplomático del Gobierno Interino para que trabaje en desarrollar acciones contundentes acerca del artículo 8 del TIAR”.

Declarar nula el acto jurídico

El parlamentario Luis Stefanelli pidió, declarar “nula de toda nulidad el acto jurídico”, y sugirió dejar en claro que, la República de Venezuela no se hará responsable de los daños que puedan ocasionarse con motivo en la aplicación de este «adefesio jurídico».