VENEZUELA / La pugna por el control de la Asamblea Nacional en Venezuela está más vigente que nunca. Los venezolanos mañana se debatirán entre dos escenarios, por un lado la juramentación de un parlamento que domina el Partido Socialista Unido de Venezuela con 157 diputados y una representación minoritaria de oposición que obtuvo ocho legisladores en una elección catalogada como ilegal por expertos electorales, juristas y la comunidad internacional democrática, por la acumulación de acciones inconstitucionales desde su convocatoria hasta la votación. Y por otro lado, una Asamblea Nacional electa en 2015 que luchará por mantenerse vigente este año, al igual que el presidente encargado Juan Guaidó, basándose en la defensa del artículo 333 de la Constitución y apelando de manera histórica, a una acción que han denominado continuidad constitucional.
Han sido muchos los debates y discusiones sobre la permanencia de la Asamblea Nacional democrática en 2021 y la viabilidad jurídica que tiene esta acción. Cecilia Sosa, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, la resume de la siguiente manera: “Los diputados electos en 2015 tienen que continuar en su cargo, porque hay circunstancias políticas que hacen concluir que en Venezuela no hay estado de derecho, ni una constitución vigente que sea cumplida, además Nicolás Maduro está usurpando funciones como presidente de la República, porque su elección en 2018 fue amañada y espuria, al igual que las parlamentarias de diciembre. Por lo tanto no puede ser reemplazado al parlamento actual por el que pretende imponer el régimen, porque eso sería quedarnos sin representación popular”, sentenció.
El pasado 26 de diciembre, en una sesión virtual, la AN aprobó dar continuidad constitucional y administrativa a su vigencia, tras realizar una reforma parcial a la Ley del Estatuto que rige la Transición. La exmagistrada Sosa explica que este documento representa una pequeña constitución para regular cómo actuará el parlamento democrático a partir de ahora, y cómo funcionará la presidencia interina, controlada por un Consejo Político que sustituyó al Centro de Gobierno provisional que era liderado por Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular en el exilio.
Ese Consejo Político lo conformará el presidente interino, y la directiva de la AN y los 15 presidentes de las comisiones del parlamento, sin incluir a figuras externas al poder legislativo. “El estatuto explica que la AN que fue electa en 2015 debe mantener sus funciones de representatividad hasta que hayan elecciones limpias y transparentes, presidenciales y parlamentarias, y han establecido para ello un periodo de un año”, recalcó.
Sosa advierte que la oposición tiene que tener muy clara la ruta a seguir, porque la decisión de la continuidad constitucional más que jurídica es política. “Para que haya ayuda internacional que permita presionar y acabar con el Estado de facto, no se pueden hacer primero unas elecciones sin antes pasar por el cese de la usurpación, jurídicamente ni políticamente eso es posible”, argumentó. Sostiene que el país dio un mandato el pasado 12 de diciembre, cuando siete millones 200 mil venezolanos participaron en la consulta popular, y se decidió en su primera pregunta acabar con el cese de la usurpación y convocar elecciones libres.
“Las personas que se movilizaron para esa consulta merecen más que las gracias, una explicación de la oposición de lo que van a hacer, y no dar por sentado que porque los diputados nos representan tienen la última palabra. Hay que dejar la actitud de conflictividad de contrariar todo lo que dice el régimen, porque la dictadura es inconstitucional y ese discurso desgasta. La AN tiene que tener su propia estrategia, y si fue capaz de movilizar a siete millones de personas, esos ciudadanos somos fundamentales para el cambio político. Ya el pueblo decidió sacar a Maduro del poder cuando fue consultado en la primera pregunta de la consulta popular, le dijeron te vas, no te queremos en el poder”, expresó.
Así lo respalda Edgar Zambrano, diputado de la AN. “Estamos ejerciendo un acto de legítima defensa política, ante la ilegalidad, la falta de legitimidad del parlamento devenido de una elección espuria el 6D. El tema del país no es jurídico es político, en una sociedad donde no existen las instituciones no podemos hablar del imperio de la ley, es la política la que debe corregir el curso de la historia”, concluyó.
Dudan de la acción
El doctor Jairo García, experto en derecho constitucional, manifestó sus dudas sobre la viabilidad política de la “continuidad constitucional”.
“La continuidad constitucional existe en el idealismo político opositor, no en la Constitución”, argumentando que la palabra no aparece plasmada en la carta magna vigente desde 1999. A su criterio tal como ha amenazado el gobierno nacional, en el país a partir del 5 de enero se va a desatar una persecución judicial en contra de los diputados y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
“La AN ha debido convertirse en una gran organización internacional y nacional, que de seguro obtendría todo el respaldo de la comunidad internacional, pero no convertir una estrategia jurídica en política, porque hasta ahora todas las acciones que ha implementado en cinco años han fracasado y esta los conducirá al exilio o a una cárcel. Por ejemplo el abandono de cargo de Nicolás Maduro que decretó el parlamento en enero de 2017 fracasó, el enjuiciamiento de Maduro por un TSJ en el exilio, fracasó. A mi juicio también ha fracasado la decisión de abstenerse en participar en los comicios electorales desde el 2018 porque al final el chavismo termina teniendo un exceso de poder y un control total en las instituciones”, expresó.
Considera que la oposición se debe concentrar en retomar el contacto con los sectores populares, con ese 70% del electorado que no fue a votar ni en las elecciones ni en la consulta popular de diciembre porque no se sienten identificados con los actores políticos. “Juan Guaidó y la oposición deben preocuparse por revitalizar a los partidos políticos que están muertos, abrirlos a la participación , ir a la democratización de sus directivas, y construir esa base para en seis años poder ir a unas elecciones robustas”, sostiene.
Balance intenso
El jurista alega que en un lustro de gestión, la Asamblea Nacional que aprobó 31 leyes, la mayoría discutidas en 2016, pero que ninguna fue aceptada y publicada en Gaceta Oficial, y más de 400 acuerdos, logró enfrentar los embates y el asedio del gobierno, llegando con un saldo de 30 diputados con inmunidad parlamentaria allanada, una treintena en el exilio, más de 131 legisladores víctimas de violaciones de Derechos Humanos y cinco diputados que fueron encarcelados, cuatro indultados y uno que continúa privado de libertad con medida de casa por cárcel, Juan Requesens.
“En cinco años se elevó la confrontación entre la AN, el TSJ y Poder Ejecutivo. El parlamento sólo pudo hacer debates de tinte político porque todas sus leyes fueron anuladas por la Sala Constitucional del TSJ, que pasó a ser como un suprapoder en Venezuela. Se cometieron muchos errores pero comprensible porque se han enfrentado a un sistema autoritario, con una corrupción desatada para controlar a los militares, a los ciudadanos, a las empresas privadas. Es el momento de que la oposición lea bien a lo que se enfrenta”, alegó.
Maduro con exceso de poder
El chavismo se prepara para juramentar una Asamblea Nacional que dominará con el 67% de sus diputados, y una minoría opositora representada tan sólo en ocho diputados de los partidos Avanzada Progresista, Cambiemos y el partido Acción Democrática intervenido por el TSJ. Tal parlamento ha sido desconocido por más de 50 países del mundo, y organizaciones como la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima y ONU, por considerar que los comicios del seis de diciembre que no tuvieron participación de la mayoría opositora violaron lo establecido en la Constitución.
Para juramentarse se basan en el artículo 192 de la Constitución que establece que la AN electa en el 2015 tiene vigencia por cinco años, y tan sólo han contado con el apoyo de hasta ahora los aliados económicos de Nicolás Maduro, Rusia, Irán, China, Turquía.
“Políticamente hablando Nicolás Maduro está estable, no tiene adversarios ni dentro del chavismo ni en la oposición, adversarios reales que puedan comprometer su magistratura. Otra historia es en términos de la comunidad internacional, porque en control de los principales países sobre el sistema financiero mundial lo ha obligado a triangular operaciones con potencias no democráticas”, sostiene Doriam González, politólogo.
Maduro está obligado a dar un viraje en el control
Doriam González, politólogo, advierte que para el 2021 las sanciones internacionales individuales y a empresas del Estado venezolano irán en aumento, por eso una de las principales leyes que Nicolás Maduro ha planteado aprobar en la AN electa el 6D es la Ley Antibloqueo que ya creó la Asamblea Nacional Constituyente, y la Ley del Parlamento Comunal.
“Nicolas Maduro ya ha demostrado que para mantenerse en el poder será capaz hasta de ceder un poco de control territorial y hasta de institucionalidad con el objetivo de recuperarse económicamente. Este proceso de privatizaciones silenciosas que ya se está desarrollando es una maniobra para mantenerse y oxigenarse ante las sanciones económicas que impuso Estados Unidos y Europa. Eso incluye un viraje del modelo político en términos de abandonar un poco el socialismo como nos los han mostrado en Venezuela, que han sido más de 20 años de controles de precios, control cambiario, territoriales y políticos”, expresó Doriam González.
Llaman a protestar el 5 de enero
El pasado 27 de diciembre, a través de las redes sociales, Juan Guaidó presidente encargado solicitó al país manifestar mañana cinco de enero, para respaldar la juramentación de un nuevo periodo legislativo de la AN y su continuidad constitucional.
“Usemos esa energía para respaldar a nuestro parlamento, nosotros seguiremos asumiendo la lucha por la democracia”, manifestó.
