VENEZUELA/ Las expectativas no son altas. La visita a Venezuela de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), podría limitarse exclusivamente a mantener un diálogo con funcionarios del Ejecutivo, dejando a un lado a organizaciones de defensa de derechos humanos (DDHH), que tienen mucho por presentar ante esta instancia.
Así lo destacó el sacerdote jesuita Alfredo Infante, coordinador de DDHH de la Fundación Centro Gumilla, que junto a Provea creó Lupa por la Vida, una institución que visibiliza las ejecuciones extrajudiciales en el país.
Para él, hay que ser realistas. “Esa visita tiene un objeto de conversación con el alto gobierno”, pero resaltó que sería ideal que el fiscal de la CPI pueda tener el contexto actualizado de la situación de Venezuela, respecto al escenario de alta letalidad que hay contra el derecho a la vida.
Para ello es necesario que se dé un encuentro de Khan con representantes de diferentes organizaciones que llevan el registro de hechos emblemáticos. “Pero esas expectativas no hay que tenerlas tan altas”.
Estructura de impunidad
Los recientes datos que maneja Lupa por la Vida son alarmantes. Infante señaló que, aunque durante el último año hubo una disminución en casos de ejecuciones extrajudiciales, no significa que la situación sea positiva.
Los números del informe presentado hace una semana, dan cuenta de que ente julio y septiembre de este año se cometieron 372 delitos de este tipo de parte de cuerpos de seguridad del Estado, mientras que en lo que va de 2021 ya suman mil 197que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Son datos que serían de mucha relevancia que el fiscal de la CPI conozca en esta visita anunciada, para que esté al tanto que “en el país existe una estructura de impunidad, con una alta letalidad policial, y cómo el ciudadano común está vulnerable ante el derecho a la vida”.
El sacerdote insistió en la labor documental de Lupa por la Vida, y en que hay que dejar claro que la mayoría de las presuntas ejecuciones extrajudiciales están en total impunidad.
“Por eso es muy importante mantener la memoria, que nada de esto se olvide, ese el objetivo del informe que presentamos porque los delitos contra derechos humanos no prescriben”.
El Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es la institución armada del Estado con el mayor número de presuntas ejecuciones extrajudiciales, durante lo que va de año, de acuerdo a los datos de Lupa por la Vida, mientras que el estado donde se registraron más casos entre julio y septiembre, fue Carabobo con 59, seguido de Distrito Capital con 52, Aragua con 48 y Miranda con 45.
