Los habitantes de las comunidades: El Guafal, Pariapam, La Morera, Las Palmas, Bicentenario, Valle Verde, Colinas de Santa Ines, Los Aguacates, Antonio Miguel Martínez; sufren por la escasez del vital líquido, pasan  hasta 5 meses sin  el servicio de agua, y no reciben ninguna respuesta por parte de los  entes gubernamentales. Esta crisis los afecta de forma continua y  deja a la mayoría, al borde de la desesperación.

Los lugareños denuncian que la situación es crítica, que  día a día se  agudiza. Esta circunstancia no les permite cocinar, los niños son los que más sufren debido a la suciedad viven enfermos del estómago por parásitos generados  a las condiciones de insalubridad,  que produce no contar con el vital líquido.

 Alejandro García, habitante de la comunidad el Guafal declaró “la mayoría de los días yo llego  cansado del  trabajo y tengo que dirigirme a las  tomas de aguas con una carrucha y por lo menos tener agua limpia para beber, eso sí me dan la cola, porque el transporte por esta zona prácticamente no existe”.

El gobernador José Vásquez, según en sus declaraciones se ha abocado a la compra de bombas sumergibles  que otorgaría soluciones a esta problemática,  realizando una  inversión de más de 155 mil millones de bolívares para la compra de  22 bombas de agua  en la entidad llanera, en el año 2019, donde entraría dentro del equipamiento el municipio Juan German Roscio Nieves, pero,  todos se preguntan dónde están las mejoras, porque la mayoría de las comunidades se encuentran sumidas en la crítica escasez de agua.

En Venezuela el orden jurídico reconoce el acceso al agua como un derecho humano fundamental, insustituible para la vida, el bienestar humano,  establece que el Estado debe garantizar la divulgación de información a través de las organizaciones sociales. En el artículo 21 del mismo texto constitucional, ha servido como fundamento para reconocer el derecho de toda persona al acceso al agua potable en forma equitativa y no discriminatoria. Así lo ha expresado la Defensoría del Pueblo.

La carta magna nos permite identificar claramente al responsable gubernamental regional debe  garantizar la protección del agua, conforme a lo establecido en los artículos 127 y 304 de la Constitución.

Los sanjuaneros pasan trabajo todos los días, en especial las personas mayores y con discapacidad porque tienen limitaciones físicas, necesitan contar con espacios aseados, ellos mismo no pueden cagar el agua porque no poseen con las capacidades requeridas.

Alegan que un camión cisterna le cobra más de   30 dólares, por cada 4 mil litros y la mayoría no cuentan con esta cantidad de dinero, pues el sueldo mínimo equivale a  450 mil bolívares mensuales que en divisa extranjera se traduce  en 6 dólares.

Juan Eduardo Herrera, quien calificó el problema como insoportable, aseguró que los representantes de Hidropáez y los entes gubernamentales, se están haciendo de la vista gorda. Herrera criticó la falta de información sobre la realidad del problema y formuló un llamado a dar la cara.

La compañía de Hidropáez, a pesar de la deficiente que presentan en  su servicio, insisten en cobrar un fulano “punto” con facturaciones de cifras insólitas, impagables para el ciudadano de  a pie, además esta compañía no cuenta con los equipos necesarios para enfrentar una contingencia,  solo cuentan con tres camiones cisterna que no son capaces de abastecer ni un 30% de la capital guariqueña.

En la comunidad Puerto Rico donde se  ubica la plata de tratamiento de agua, actualmente solo están en funcionamiento dos motores para el tratamiento del vital líquido en  esta crisis de escasez de agua se les une  Calabozo y Valle de la Pascua, tierras fértiles y productoras.