VENEZUELA / Para el ingeniero Atilano Linares, dirigente social cristiano del Estado Lara, “en la cuestión de las inhabilitaciones políticas, ha estado confabulada la Contraloría General de la República, con la complicidad de los demás poderes públicos”.
Linares se refirió específicamente a las recientes declaraciones aportadas por la rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, en el sentido de que ninguno de los políticos inhabilitados por la Contraloría General de la República podrá ser postulado a cargo electivo alguno en los comicios generales regionales del 21 de noviembre próximo.
-Ni en este país ni en ningún país democrático del mundo, nadie debiera ser inhabilitado por razones políticas, pero tanto el fallecido presidente Hugo Chávez Frías como Nicolás Maduro lo han venido haciendo, y, de no producirse un cambio de rumbo político en el país, o que se transforme la naturaleza autoritaria de este régimen, eso va a seguir así.
-Todo ello, como ya lo he dicho, por supuesto que a través de una dócil y sumisa Contraloría General de la República, con la complicidad del resto de los poderes públicos.
-La única manera de “sacarse” en poco tiempo una inhabilitación política (que, por cierto, van de los tres a los 15 años de duración) es que se interponga un recurso de reconsideración por vía administrativa ante la propia Contraloría General dela República, y que ese recurso sea declarado con lugar, cuestión no imposible, pero sí bastante cuesta arriba, por razones obvias.
-Incluso, es también bastante difícil que eso ocurra, aun a pesar de las supuestas gestiones que están ejerciendo los rectores principales presuntamente opositores del CNE, Roberto Picón y Enrique Márquez, para que, con motivo de dichas elecciones, sean levantadas tales inhabilitaciones.
¿Acuerdo previsto?
-Lo otro –prosiguió- es que ya se tenga previsto un acuerdo en el diálogo de México para que se levanten tales sanciones, pero que no se haya informado todavía nada al respecto.
-Insisto: Hasta donde tengo conocimiento, solamente los tribunales pueden imponer inhabilitaciones políticas, y eso como pena accesoria a una condena principal.
–En todo caso, se me ocurre pensar que, para este 21 de noviembre, la oposición democrática que quiera participar debe estar consciente de que está jugando en la cancha del otro, con las reglas del otro, con un árbitro designado por el otro, y, de paso, con un anotador también del otro.
-Y, finalmente, si con toda la desventaja que todo ello representa no fuese suficiente, concurrir sin una observación calificada e independiente de Maduro y su camarilla sería simplemente la propia muerte súbita.
