Cuatro defensores de derechos humanos fueron detenidos sin orden judicial en Venezuela. Familiares exigen su liberación y acusan al Estado de desapariciones forzadas
Cuatro personas vinculadas con organizaciones sociales y de derechos humanos han sido detenidas arbitrariamente en Venezuela entre el 5 y el 9 de mayo, sin que exista información oficial sobre las razones de las aprehensiones ni su paradero en algunos casos. La situación ha encendido las alarmas en diversas ONG nacionales.
Raúl Hirsey Amiel Hevia, diseñador gráfico, fue el primero en desaparecer el 5 de mayo. Su familia relató que funcionarios del Sebin irrumpieron en su casa en San Cristóbal sin orden de detención. De forma violenta y sin identificarlo correctamente, lo sacaron de la vivienda. Hasta ahora, no se conocen los cargos en su contra.
El miércoles 7 de mayo, detuvieron a Omar Vergel, médico de la organización Médicos Unidos, y a Merlina Carrero, abogada de Creemos Alianza Ciudadana. Ambos recuperaron su libertad el viernes 9 de mayo, sin haber sido presentados ante tribunales ni informados sobre los motivos de su detención. Familiares informaron que Vergel se encuentra muy afectado psicológicamente.
Ese mismo viernes, Eduardo Torres, abogado de Provea y defensor de derechos humanos, también desapareció. Según su familia, fue visto por última vez en Parque Central, Caracas, luego de salir de una reunión. Se comunicó por última vez con sus allegados cuando iba camino a su casa.
Sin respuesta del sistema judicial
Este lunes 12 de mayo, familiares de Torres introdujeron una acción de habeas corpus ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por segundo día consecutivo. Marino Alvarado, coordinador de Provea, denunció que el Poder Judicial se ha negado a recibir el documento, lo que calificó como parte de una “política de Estado”.
“El habeas corpus es un derecho y su rechazo sistemático vulnera las garantías constitucionales”, afirmó Alvarado en un video grabado junto a la madre y la esposa de Torres, en el que exigió su liberación inmediata y responsabilizó al Ejecutivo Nacional por su integridad física.
En todos los casos, los presuntos responsables serían funcionarios de seguridad vestidos de negro y con el rostro cubierto, lo que impide su identificación. Las organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre un patrón de desapariciones forzadas que podría consolidarse como una práctica sistemática del Estado venezolano.
